Una cosa de tiempo: el ataque de los «intelectuales» en defensa del modelo y la actual Constitución

Por Cristóbal Osorio Vargas | Disponible en www.elmostrador.cl

La sociedad chilena lleva 14 días en una “crisis social” provocada por el desprestigio de los partidos políticos e instituciones.  A juicio de la ciudadanía, en nuestro país la “clase política” solo se ha centrado en proteger y mantener sus privilegios, porque los grandes temas de políticas públicas, que se relacionan con la dignidad de las personas, al parecer, se resuelven por una elite desconectada con las vivencias y emociones de una sociedad que repentinamente despertó.

Así, la mayor virtud del país, que era ser el fiel reflejo de la estabilidad y el “alumno destacado” en América Latina en lo económico, social y político, se ve por estos días no solo puesto en duda, se encuentra resquebrajado por la incapacidad de un Poder Ejecutivo de leer adecuadamente el clima social y adelantarse a estas “catarsis colectivas o psicodramáticas” (como ha caricaturizado Peña), que requieren y exigen canalizar sus demandas.

Este momento social ha permitido que intelectuales y actores sociales diagnostiquen el proceso, moviéndose en tres grandes relatos mostrando que la cadena de unión social e institucional ha perdido su eslabón principal. Primero, los viejos amantes del ancien régime de la Concertación o de los Partidos del Orden, que piensan y esgrimen como solución a este proceso, el diálogo y los acuerdos de los Partidos Políticos, una cierta añoranza a una sociedad con escasa transparencia y pocos medios de comunicación. Los pertenecientes a este campo social se habían acostumbrado a realizar, cada cierto tiempo, simulacros o puestas en escena de acuerdos “mediados”, con escaso efecto práctico social, pero con amplios réditos de los logros de la democracia transicional, como acreditan, por ejemplo, las cartas de Ignacio Walker con Andrés Velasco que llaman al diálogo y los acuerdos, excluyendo al movimiento social; o la petición de Joaquín Lavín, quien  señala que personas como José Miguel Insulza u otros factótums nos iluminen en esta noche Republicana. Recuerdos, añoranzas y remembranzas que sirven hoy para un libro de “Memorias de …”, pero que distan del ejercicio real de canalizar el conflicto.

Segundo, tenemos aquellos que han optado por criminalizar el movimiento social y/o bajar el perfil con caricaturas de sus actores y emociones. Desde ya todo chileno o chilena condena los actos de violencia, saqueos e incendios en las manifestaciones. La democracia y el derecho para manifestarse no puede concluir en actos de vandalismo, condición absoluta e intransable en democracia. Sin embargo, esa afirmación por si sola es parcial, porque también todos condenan, con fuerza y vigor, el saqueo histórico del cual han sido víctimas: colusión de las farmacias y papel confort, destrucción masiva del medio ambiente por los proyectos empresariales, privatización de los recursos naturales y el agua, precarización de los derechos, financiamiento ilegal de las campañas políticas, y así, podríamos continuar. La falta de condena a este tipo de saqueos lleva a una cierta “inmoralidad y parcialidad” en el primer reproche, porque ambos saqueos afectan a miles y miles de chilenos, pero al parecer, solo los pobres o las clases bajas requieren una persecución penal y condenas ejemplificadoras. De ahí, la condena debe ser “equitativa e imparcial” para sacarnos la injusticia pegada en nuestra piel.

Asimismo, y en este mismo nivel, vemos a grandes intelectuales y columnistas optar por bajar el perfil del movimiento, aludiendo a los jóvenes que participan en ellas como carentes de ideologías, presos de pulsiones. Derechamente, una descripción de un movimiento pueril y simplemente festivo. Cuestión que sería, a su entendido, consecuencia de una cierta “demora” del sistema para asegurar el bienestar y consumo de todos, propio de los procesos de modernización.  Justamente, estas reflexiones omiten, a mi juicio, que las emociones son la mayor pérdida del proceso de modernización. Instituciones amargas y anémicas, que viven en el off side de las necesidades sociales, olvidando que la mayoría de los chilenos tenemos a nuestros abuelos y abuelas con pensiones de desgracia y administrando pobreza; instituciones, que desmoralizan y despolitizan los debates, para llegar a ecuaciones y algoritmos de inteligencia artificial, en los análisis de políticas sociales; una renuncia a la política, pero sobre todo, al encuentro social y empático con la realidad, con esa calle que reclama más.

Cabe, asimismo, recordar que esos oráculos, cada vez que la Corte Suprema y Contraloría, en materia de salud, urbanismo y medio ambiente, consideraban pertinentes interpretaciones de Derechos Sociales, Económicos y Culturales exigibles, fueron los que apelaban a la “inseguridad jurídica económica”. Tensión y abuso del argumento que llevó al convencimiento social, que las cosas debían cambiar radicalmente, porque esa inseguridad, era la justicia para la mayoría de los compatriotas.

Finalmente, está el relato de la ciudadanía o de los movimientos sociales, que exigen una nueva Constitución. En efecto, luego de innumerables portazos en el Tribunal Constitucional y en el Congreso, a proyectos con una clara incidencia social – 40 horas, interrupción del embarazo, titularidad sindical, lucro en la educación, protección de los consumidores por el SERNAC, término de las AFP- por “defectos constitucionales”, ha llevado a la conclusión que solo un nuevo texto constitucional puede establecer un Estado Social de Derechos.

Hoy, el debate se abre y es la hora de tomar partido o colocarse en un lado de la calle. Yo, al menos, tengo la convicción que se da inicio al proceso constituyente y debemos considerar cómo, cuándo y quiénes conformarán nuestra Asamblea Constituyente, para que esta sociedad disgustada, pero esperanzada, se encamine a la construcción de un Estado Social, que le otorgue dignidad. De ahí, la necesidad de iniciar los análisis del proceso de conformación de este nuevo momento social, sin exclusiones, sin estigmatizaciones y asumiendo el proceso constitucional.